Un leve repunte tras una prolongada caída. Así podría resumirse el comportamiento de la inversión nacional en educación según el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso.
En concreto, la función Educación y Cultura, que agrupa todo el gasto del Estado nacional en materia educativa, prevé un aumento nominal del 27,2% para 2027 en comparación con lo proyectado para 2026. Considerando una inflación estimada del 20,5% para ese año, el incremento real sería del 5,6%.
¿Es una buena noticia? En términos absolutos, sí, para cualquier país. Sin embargo, para Argentina representa un leve alivio luego de un fuerte ajuste iniciado en 2024. Entre 2023 y la proyección para 2027, la inversión estatal en educación habrá caído un 44,4%.
En cifras reales, el gasto educativo nacional mostró una tendencia descendente desde 2018, tocando un mínimo de 11,4 billones de pesos en 2020 (ajustados a precios constantes de 2026). Posteriormente, se recuperó hasta los 16,7 billones en 2023, para luego desplomarse a 9,4 billones en 2024 y continuar la caída en 2025 y 2026, con 8,7 y 8,8 billones respectivamente. El proyecto de ley para 2027 prevé esa suba real del 5,6%.
Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación destaca que el Plan Nacional de Alfabetización es el programa con mayor incremento en el presupuesto y que se incorpora un plan para la enseñanza de Matemática, aunque sin asignación presupuestaria específica. También subraya que no se prevé el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Es importante aclarar que el Estado nacional aporta alrededor del 25% de la inversión total en educación, mientras que las provincias, administradoras de la educación básica, asumen el 75% restante. No se dispone de datos públicos sobre la inversión provincial. No obstante, la reducción del financiamiento nacional impacta significativamente en el total de recursos destinados a las aulas.
Esto se refleja en el peso de la educación como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Hasta 2023, la Ley de Educación Nacional de 2006 establecía la obligación del Estado de destinar el 6% del PBI a educación (nación y provincias). Esa meta solo se alcanzó en 2015, y la ley de Presupuesto de 2023 derogó dicha obligación.
El aporte del Estado nacional ha disminuido consistentemente: pasó del 1,52% del PBI en 2017 al 0,86% en 2024 y 0,78% en 2025. El proyecto de Presupuesto 2027 estima para 2026 un 0,77%, con una leve mejora hasta 0,79% para 2027.
En el contexto de limitaciones fiscales, el Presupuesto 2027 destina a educación un crecimiento real superior al de la mayoría de las funciones estatales, ubicándose como la tercera con mayor aumento, detrás de Salud (39,8%) e Información y Estadística Básicas (28%).
Analizando específicamente la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se prevé un aumento nominal del 23% respecto a 2026, equivalente a una mejora real de aproximadamente 2,1%. Aunque inferior al crecimiento global del área Educación y Cultura, esta Secretaría figura entre los cinco organismos nacionales con mayores incrementos. Dentro de ella, existen sectores con distinto comportamiento, algunos ganadores y otros perjudicados.
El mayor beneficiario es el Plan Nacional de Alfabetización, que constituye la principal política educativa del gobierno de Milei. Se trata de un programa federal que, con apoyo financiero nacional, impulsa a las provincias a garantizar que todos los alumnos finalicen tercer grado escribiendo correctamente y comprendiendo textos adecuados a su edad.
El proyecto destina a este programa $773.830 millones, un aumento del 38,3% respecto al presupuesto vigente para 2026, superando la inflación prevista. La mayor parte de estos fondos, $586.781 millones (75,8%), se asignan a la universalización de la jornada extendida, un programa iniciado en el gobierno de Alberto Fernández. Esta proporción es ligeramente inferior al 80,3% asignado en 2026.
Una novedad para 2027 es la incorporación de un plan para la enseñanza de Matemática, similar al de alfabetización, aprobado por el Consejo Federal de Educación, pero sin una partida presupuestaria específica.
El economista Javier Curcio, coautor del informe del Observatorio, señaló a Clarín que “este proyecto detiene la caída en la inversión educativa e incluso da una señal positiva de reversión, todavía tenue pero superior a otros sectores, con una voluntad inicial de mejorar la respuesta educativa, especialmente con la inclusión del plan de Matemática, que complementa al de Alfabetización”.
Entre los sectores perdedores se encuentran las universidades, que reciben un aumento nominal del 20,9% en 2027, pero apenas un 0,3% real, a diferencia de la educación básica, que crece un 34% nominal y 11,2% real. Esto evidencia que el presupuesto no contempla cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario —aprobada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial— que establece la actualización de salarios y becas universitarias según el índice de precios desde diciembre de 2023.
Esta situación fue advertida por los rectores universitarios reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al conocerse el proyecto, que asigna $7,3 billones frente a un pedido